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Zapatero aprobó por decreto la polémica reforma laboral

Con una fuerte resistencia de los sindicatos españoles, el gobierno de José Luís Rodríguez Zapatero aprobó por decreto la polémica ley de reforma laboral.
El gobierno español busca con esta iniciativa flexibilizar el mercado de empleo en España. Tras el anuncio de Zapatero los sindicatos convocaron a una huelga general para el 29 de septiembre.  La reforma laboral forma parte del abanico de medidas con las que el gobierno español enfrenta la crisis, presionado desde hace meses por la Eurozona y los mercados para que reduzca un déficit elevado al 11,2% del Producto Bruto Interno (PBI) y con una elevada deuda de las entidades privadas.  El decreto entró en vigencia tras ser publicado en el Boletín Oficial del Estado y será tramitada en el Parlamento como proyecto de ley, lo que permitirá que se puedan incluir enmiendas de los grupos políticos.
El Ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, explicó que se trata de "una reforma estructural", con la que se pretende "cambiar la cultura, que cuando hay problemas no empecemos ajustando la plantilla, sino ajustando la producción".  El Ejecutivo español, que acaba de aprobar un duro plan de ajuste para bajar ese déficit que implica el recorte del sueldo de los funcionarios y el rechazo de los sindicatos, tomó esta segunda medida mientras continúan los rumores sobre las dificultades financieras y la Comisión Europea le sigue pidiendo más sacrificios.  El plan de ajuste español pretende bajar el déficit ahorrando 5.000 millones de euros este año y 10.000 en 2011, pero la Comisión Europea le pidió ayer que "especifique" las medidas que incluirá en los presupuestos de 2011, en los que le llamó a ahorrar un 1,75% del PIB.
El objetivo de la reforma es “reducir la temporalidad excesiva” que existe en España y fomentar los contratos indefinidos. La aprobación por decreto se produce tras el fracasado intento por pactarla con sindicatos y patronal, y posteriormente a que las Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT) fijasen la fecha para la huelga general contra la medida, 29 de Septiembre.  Por su parte la Unión Europea (UE) como el Fondo Monetario Internacional (FMI) han instado a España a reformar el mercado laboral. El país cerró el primer trimestre de este año con una tasa de desempleo superior al 20 por ciento. Celestino Corbacho, Ministro de Trabajo de España, defendió la necesidad de la reforma, que calificó de “sustancial”.  Diciendo, al explicar los términos de la misma, “Es una de las más importantes que se han acometido en nuestro país en los últimos años”.  El Ejecutivo generaliza el contrato laboral indefinido con 33 días de indemnización por año trabajado en el caso del despido improcedente, frente al contrato que hasta ahora contemplaba una indemnización de 45 días.  El Estado asumirá el pago de ocho días en caso de despido improcedente en todos los contratos indefinidos.  El gobierno español va a implantar también el llamado modelo austríaco, con la creación de un fondo de capitalización para cada trabajador que lo acompañará durante toda su vida laboral y que servirá para abonar una parte del despido en caso de que éste se dé.  Esta medida, sin embargo, se desarrollará en un proyecto de ley independiente.
Otra de las medidas es que para justificar los despidos objetivos, una empresa sólo tendrá que acreditar pérdidas, sin un período determinado.
Fuente: Prensa Ministerio de Trabajo de España

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La UE niega plan de rescate para España

España sufre un elevado endeudamiento público, por lo cual muchos son los comentarios que llegan para solucionar este desvasaje económico. Por este motivo, la Comisión Europea desmintió la versión que dio a conocer a los medios  económicos españoles, calificando esa información de "basura total y completa".  Según estas versiones, la UE y el Fondo Monetario Internacional (FMI) "diseñan para España un plan de liquidez de 250.000 millones de euros".  La misma fuente informa que Bruselas estaría preparando, junto al FMI, un mecanismo para apuntalar la solvencia económica de España a partir del fondo de rescate por valor de 750.000 millones de euros aprobado por los socios de la eurozona en mayo pasado.  El rumor ocurre después de que en los últimos días se divulgo que la UE y el FMI prepararían un plan de rescate financiero para España similar al de Grecia, que no pudo hacer frente a su deuda.  El plan de ajuste español pretende bajar el déficit ahorrando 5.000 millones de euros durante el 2010 y 10.000 en 2011, pero la Comisión Europea le pide a España que "especifique" las medidas que incluirá en los presupuestos de 2011, en los que le llamó a ahorrar un 1,75% del PIB.

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Libertad religiosa en sitios públicos en España

El gobierno socialista español prepara una nueva ley para asegurar la “libertad religiosa”, afirmar una “estricta neutralidad en materia de religión” y garantizar la laicidad del Estado.  De acuerdo a estos preceptos desarrollados en 37 artículos, si se aprueba la ley en el Parlamento los símbolos religiosos, como los crucifijos, quedarán excluidos de las escuelas, hospitales y oficinas públicas como ayuntamientos y ministerios.  En las ceremonias de juramento o promesa de los cargos públicos, en los más altos niveles con presencia del rey don Juan Carlos, se excluirá tanto el crucifijo como la Biblia.  Los actos públicos oficiales, como funerales de Estado y ceremonias militares donde la presencia religiosa es constante, “se llevarán a cabo de forma que no integren ceremonias de carácter religioso”.  Por lo tanto, el Estado sólo organizará funerales civiles.  Estas medidas tratan de afirmar el cumplimiento de los preceptos constitucionales sobre el carácter laico del Estado español y el pluralismo religioso.  Pero la presencia de los símbolos y ritos católicos está muy acendrada en la cultura de España, así como la presencia siempre relevante de la Iglesia.  El proyecto de ley de Libertad de Consciencia y Religiosa obliga a todos los poderes públicos a mantener “la neutralidad ante la religión o las creencias y evitar toda confusión entre funciones estatales y de carácter religioso”.  En caso de que los funcionarios y autoridades acudan a “actos estrictamente religiosos”, deberán hacerlo sin que “suponga una quiebra de los principios de neutralidad y discriminación”.  En este sentido atenderán las invitaciones de la Iglesia Católica, cuidando también los actos de las demás confesiones como la musulmana, evangélica, judía u otras.  En cuanto a los honores militares, se establece que la participación será siempre “voluntaria”.
El proyecto legislativo se extiende en consideraciones para asegurar la libertad religiosa de tal manera que se reconozca la “nueva realidad confesional de España”.  Por ejemplo, en España hay 1.400.000 musulmanes, más de un millón de evangélicos y 600.000 cristianos ortodoxos. Desde 1992 suscribieron acuerdos musulmanes, evangélicos y judíos y ahora se propone equiparar otras cuatro religiones de “notorio arraigo” como budistas, mormones, testigos de Jehová y ortodoxos.  La Vicepresidenta del gobierno, María Fernández de la Vega, anunció que el proyecto tendrá un tratamiento prioritario.  Pero el Presidente del gobierno es partidario, sobre todo después de entrevistarse con el Papa, de postergar la presentación ya que quiere priorizar las negociaciones con el Parlamento por la legislación vinculada a la crisis.
Fuente: Diario El País

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